La denuncia de Guillén

Las denuncias de irregularidades y prácticas “non santas” en ciertos tribunales de la República Dominicana no constituyen novedad alguna. Lo que sí es novedoso (y en mi particular opinión, algo muy positivo) es que un legislador del partido de Gobierno sea quien las encabece.

Y digo esto porque, aunque se supone que debemos contar con un sistema judicial independiente y sin dudas hay jueces imparciales y libres de toda vinculación con partidos políticos, la politización de la justicia ha sido una regla en nuestro país (algo que fue puesto en evidencia, nueva vez, recientemente), y casi siempre de forma camaleónica, asumiendo los colores del poder y de aquellos que garantizan la permanencia y/o los ascensos de los actores.

Por eso me llama la atención y a la vez me parece un acto de responsabilidad lo afirmado por el diputado peledeísta Nelson Guillén respecto a jueces y tribunales de la provincia de San Cristóbal y el dato específico de que la Corte de Apelación de dicha provincia está enviando delincuentes a las calles a través de sentencias cuestionables.

Ya desde hace tiempo muchos abogados del lugar se quejaban de lo mismo, y de manera especial habían destacado las supuestas prácticas corruptas no sólo de jueces, sino también de algunos fiscales de la citada demarcación geográfica.

De hecho, en ocasiones algunos profesionales del Derecho han revelado que hasta expedientes se han perdido o incluso han sido robados de la Jurisdicción Permanente de la referida ciudad en detrimento de los intereses de sus clientes.

Sería adecuado, ante algo tan importante para el orden público, que los jueces cuestionados puedan dar explicaciones respecto a los expedientes que presuntamente no son bien sustentados o que adolecen de fallas que ponen en tela de juicio el sano quehacer judicial.

Pero lo más importante es que se realice una verdadera profilaxis de un sistema con muchas imperfecciones perjudiciales para una equitativa impartición de justicia.

Y ya no es la Suprema Corte de Justicia (SCJ) la encargada de esta labor como muchos erróneamente han asumido, sino que, a partir de los cambios introducidos por la Constitución del 2010, le toca ahora al Consejo del Poder Judicial tratar de hacer mejor lo que el alto tribunal no logró siquiera hacer muy bien.

Por ello, es imprescindible que el Consejo juegue un rol muy activo en investigar y analizar estas denuncias tan graves y no se limite únicamente a una visita de la comisión de inspectores, sino que profundicen en cada caso y le dediquen todo el tiempo que sea necesario a un trabajo imprescindible para adelantar algunos pasos en el necesario y urgente saneamiento del Poder Judicial.

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