Julio César de la Rosa, coordinador de ADOCCO.Denuncia que con los beneficios de los concesionarios se pagaría tres veces la deuda externa.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) dijo este martes que el Tribunal Constitucional deberá conocer la inconstitucionalidad de los contratos de concesión otorgados por el Estado dominicano para la explotación minera en la provincia Sánchez Ramírez, para la construcción y ampliación de la carretera San Pedro de Macorís-La Romana y para la administración y explotación de los aeropuertos del país.
Las empresas beneficiarias con dichas concesiones son: Barrick Gold, Concesionaria Dominicana de Carretera y Autopistas (Codasa) y Aeropuertos Siglo XXI.
La organización de la sociedad civil basa su planteamiento por el hecho de que esos contratos lesionan el patrimonio nacional, iniciando con la concesión para la explotación minera otorgado a la Barrick Gold, que le representa la obtención de 20 millones de onzas de oro, 117 millones de onzas de plata y 424 millones de libras de cobre, que a los precios actuales representan valores de los 24,000 millones de dólares, lo que convierte a la mina de Pueblo Viejo, Cotuí, en una de las minas más importantes del mundo.
Otro de los contratos que llegaran al Tribunal Constitucional es el otorgado en el año 2002 a Codasa, para la construcción y ampliación de la carretera San Pedro de Macorís – La Romana, con la agravante de que a esta se le concedió el cobro del peaje de la Autopista Las Américas, un caso insólito, ya que lo procedente es que se le entregue el peaje al termino de la obra, para que obtenga la inversión del cobro del mismo, producto de esa gracia.
Codasa ha cobrado más de mil quinientos millones, en los últimos nueve años y no ha hecho las inversiones necesaria para terminar la carretera San Pedro de Macorís-La Romana, donde tuvo el estado dominicano que asumir la construcción del puente Mauricio Báez, que resultó muy por encima del costo original, pasando a formal parte del número de obras sobrevaluadas.
La obra valorada originalmente en cuatro mil quinientos millones de pesos la empresa concesionaria apenas ha invertido unos quinientos millones de pesos en un incumplimiento total del contrato firmado por la empresa y el Ministerio de Obras Publicas, esto porque la empresa concesionaria no buscó dinero para financiar el proyecto y concluirlo en dos años como establece el contrato.
La entidad de la sociedad civil cito también el contrato para la administración y explotación de los aeropuertos del país, en manos de la empresa Aerodom que firmó un contrato de concesión por 30 años con el Estado y este fue cedido a la empresa Advent Internacional, en una transacción que implicó 400 millones de dólares no obstante tener el contrato original una cláusula que no permite traspaso o venta de las acciones de Aerodom, por ser parte del Estado dominicano y cualquier venta debe ser refrendada por el Congreso Nacional.
Entre las irregularidades, el vocero de ADOCCO señaló el cobro de tasa por pasajero por parte de Aerodom y el no pago a la dirección General de Impuestos Internos de los impuestos por la transferencia irregular de la administración y explotación de los aeropuertos dominicanos.
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Palacio de Justicia.
Agentes de la Policía Nacional en el Palacio de Justicia.
Guillermo Moreno, presidente Alianza País.
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