No bien terminaba de escuchar la atinada opinión de un cercano amigo chileno en relación a que a este país lo que le falta es asumir la democracia como valor fundamental que oriente la práctica pública y privada, cuando me enteré que el Poder Ejecutivo había declarado este año como el del Fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho.
Tal declaración, realizada mediante el decreto 768-11, destaca que la democracia se ha convertido en una aspiración fundamental como régimen que permite la concreción de los derechos humanos.
Esta iniciativa podría ser más que plausible si la realidad política actual, no se encargara de recordarnos que no existen motivos para hacerse muchas ilusiones.
Ejemplo de ello lo constituye el 2011, declarado como el año de la Transparencia y el Fortalecimiento Institucional y sin embargo el país retrocedió en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional.
Un Estado Social supone el compromiso de los poderes públicos de promover mayores niveles de equidad entre los individuos de una sociedad. Es lo que se conoce como la constitución de un Estado de bienestar.
Sin embargo, con un gasto público social tan bajo y de tan poca calidad como el que predomina en el país, estamos muy lejos de superar la situación de pobreza y de desigualdad social en la que vivimos. Hasta la fecha, el gobierno no ha dado muestras de estar interesado en establecer como prioridad la inversión en salud y educación.
Un Estado Democrático de Derecho se define como aquel en que las reglas de juego están determinadas por relaciones democráticas. En el cual, la soberanía descansa en el pueblo y los poderes públicos están limitados por las normas jurídicas.
En el mismo, existe un reconocimiento pleno de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Todo eso se contradice con un presidencialismo que tiende a concentrar las decisiones públicas fundamentales en el Ejecutivo o con el tipo de Estado en que las instituciones de fiscalización, controladas desde su integración, carecen de la autonomía necesaria para desempeñar su rol.
No es posible el Estado que se anuncia, cuando a los dominicanos, más que ciudadanos sujetos de derechos, se les ve como clientes a los cuales se les hace un favor a cambio de lealtad política. Por lo tanto, uno se pregunta si las actitudes y prácticas políticas actuales no nos alejan de los objetivos declarados y nos acercan más bien, al fortalecimiento de un Estado clientelar y caudillista de provecho, pero sólo para algunos.
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Suprema Corte de Justicia (SCJ).
Director español con las autoridades de UNIBE.
Se planea aumentar paulatinamente de 200 a 300 el número de agentes.
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