Después de décadas de que los dominicanos hemos estado casi por completo ignorando nuestros riesgos sísmicos, por vez primera se han comenzado a activar en el país mecanismos para establecer medidas de prevención ante los temblores de tierra.
El registro de tres temblores de cierta magnitud y el incremento de la actividad telúrica en varias regiones donde existen fallas importantes parece haber despertado cierto nivel de conciencia sobre este grave peligro.
Hasta ahora se han anunciado programas pilotos y charlas educativas que servirán de instructivos para que la gente sepa la forma más inteligente de actuar y protegerse frente a un sismo.
Sin querer restar importancia y efectividad a estas iniciativas, habría que preguntarse si realmente se logrará esta vez articular una línea de acción y seguimiento perdurable que trascienda una coyuntura estimulada por el pánico provocado por los temblores de estos días.
Es indudable que hemos avanzado y que existe una genuina preocupación de parte de organismos públicos y privados.
Pero aun arrastramos deficiencias muy marcadas que llevan a cuestionar el real alcance de estos avances. Por ejemplo, ¿cómo se explica que sólo tengamos 30 personas debidamente preparadas para dirigir brigadas de rescate, cuando según recomendaciones muy serias deberíamos tener por lo menos con 140?
Los equipos con que deben contar cada una de estas brigadas especializadas cuestan 13 mil dólares per cápita, una suma que no es alta, primero por el servicio que están llamados a prestar y ante el hecho de que esa suma resulta irrisoria si se la compara con las yipetas, el dispendio y los lujos que se dan algunos funcionarios públicos con el dinero del contribuyente.
¿Qué pasaría si debilidades de esta naturaleza persisten en medio de un eventual terremoto de magnitud catastrófica que cause severa destrucción material y que ponga en peligro la seguridad de miles de seres humanos?
¿Cuántas muertes podrían producirse si no disponemos de los equipos necesarios para localizar y rescatar personas atrapadas en edificaciones colapsadas?
Es cierto que contamos ya con un Código Sísmico pero, ¿en que medida se ha logrado aplicarlo para que cumpla los propósitos para los cuales fue creado?
¿Quién se encarga de hacer una evaluación seria y exhaustiva del estado de las principales edificaciones del país y de supervisar que el progresivo crecimiento vertical en nuestras sociedades se corresponda con las normas antisísmicas?
Las autoridades tienen muchas preguntas que responder con medidas coherentes, continuadas y oportunas que no respondan a una cuestión de marketing momentáneo
Estar preparados para salvar vidas y hacer rescate a tiempo y con los mejores medios de la tecnología es una tarea de alta prioridad que no puede esperar a que tengamos un evento sísmico de alta capacidad destructiva.
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