Japón preocupado por las consecuencias de las sanciones de EEUU contra Irán

Yoshihiko Noda.

Tokio.- El primer ministro nipón, Yoshihiko Noda, mostró hoy su preocupación, tras reunirse en Tokio con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Timothy Geithner, por las “graves consecuencias” que pueden tener las sanciones contra Irán.

Noda señaló que, pese a compartir con EE.UU. las preocupaciones sobre Irán, al que busca presionar para que abandone su programa de desarrollo nuclear, consideró que las sanciones, si no se implementan correctamente, “pueden provocar graves efectos sobre las economías de Japón y del mundo”.

Geithner concluyó hoy en Tokio una gira asiática en China y Japón en la que instó a ambos países a apoyar las sanciones estadounidenses, que consisten en la reducción de las ventas de crudo de Teherán y el aislamiento internacional de su Banco Central.

Tras su reunión con el Ministro nipón de Finanzas, Jun Azumi, Geithner logró el apoyo de Japón, que recortará “lo antes posible y gradualmente” sus importaciones de petróleo procedentes de la República Islámica, y que constituyen un 10 por ciento del crudo que adquiere en el exterior.

Azumi declaró tras su encuentro, que Japón tiene un “absoluto conocimiento” de las medidas estadounidenses y que realizará un esfuerzo por reducir las importaciones de Irán, aunque quiso dejar claro que, en los últimos cinco años, el país ya las ha recortado en un 40 por ciento, informó la agencia local Kyodo.

Pese a confirmar su apoyo, Azumi mostró su preocupación por las consecuencias de las medidas para Japón, un país con una gran dependencia energética del exterior, acrecentada tras el inicio de la crisis nuclear el pasado 11 de marzo en la central Fukushima Daiichi.

El accidente nuclear provocó que 46 de los 54 reactores nucleares de Japón, el 85 por ciento, permanezcan detenidos, lo que obligó al país a generar gran parte de la electricidad en sus centrales térmicas alimentadas por crudo.

Japón aprobó el pasado diciembre sanciones que mantienen congelados los activos de un total de 267 instituciones, 20 bancos y 66 personas físicas, sospechosas de tener lazos con los programas de desarrollo nuclear de Irán, aunque entonces decidido no imponer ninguna restricción a la adquisición de crudo iraní.

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