La conocí en un seminario en el año 2003, y luego coincidimos en otro en el 2009. En ambas ocasiones me impactaron sus ojos abiertos de par en par con una mezcla de timidez y fortaleza, tristeza y coraje.
Su lucha y avatares estuvieron guiados por un objetivo fundamental: el reconocimiento de derechos a los dominicanos de origen haitiano, sobre todo el derecho a la identidad legal para los hijos de haitianos indocumentados.
Su causa la trasciende porque el problema que enfrentó es mayor que todos sus esfuerzos por resolverlo. Se lleva al morir el honor de la lucha asumida con dignidad y el dolor de un sistema intolerante que nunca dejó de vituperarla.
Hace unos días, la Suprema Corte de Justicia ratificó su veredicto de diciembre de 2005, reafirmado en la Constitución de 2010, que los niños nacidos en territorio dominicano de inmigrantes indocumentados no son ciudadanos dominicanos.
Si fueran pocos, quizás la ley sería intrascendente. Pero no. República Dominicana ha permitido por muchas décadas un flujo constante de inmigrantes haitianos indocumentados para satisfacer la voracidad explotadora de empresarios agrícolas y de la construcción.
Por eso, el fallo de la Suprema y la disposición constitucional de no otorgar nacionalidad a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en República Dominicana constituye un atentado a la realidad social y a los derechos humanos.
Sonia Pierre, consciente de esta situación, conocedora de la privación de derechos a muchos niños nacidos y criados en bateyes de padres haitianos indocumentados, se dedicó a luchar por el reconocimiento a una existencia legal.
Su voz crítica le ganó muchos detractores porque la maquinaria propagandística más aceitada de República Dominicana, es la que se dedica a defender los intereses de empresarios explotadores de la mano de obra haitiana bajo la consigna de un amañado patriotismo.
La migración legal e ilegal genera turbulencias en cualquier país del mundo, y en el caso dominicano es aún peor por dos razones.
Entre Haití y República Dominicana ha primado una historia de discordias por los excesos de gobiernos autoritarios en ambos lados de la isla. Los haitianos ocuparon la parte oriental en el siglo 19, y Trujillo los mató en el siglo 20.
Además, Haití es un país muy pobre y el gran flujo migratorio es de personas sin calificaciones laborales que sólo pueden aportar su fuerza física para realizar trabajos de bajos salarios.
Esto crea un paraíso perfecto para la explotación laboral, y representa a la vez un alto costo de inserción social.
Por eso el gobierno dominicano estableció en la Constitución de 2010 la negación de derechos de ciudadanía a toda la población de origen haitiano indocumentada. A menores derechos, mayor explotación.
República Dominicana tiene soberanía para establecer su política migratoria y sus disposiciones constitucionales, pero tener ese derecho no significa que lo ejerza bien.
Mantener la frontera sin controles adecuados es una violación a la soberanía nacional de los gobiernos dominicanos que han fomentado la entrada masiva de inmigrantes indocumentados para beneficio empresarial.
Una vez están en el país, trabajan y procrean, no deben ser tratados constitucionalmente como si no existieran.
La lucha de Sonia Pierre consistió en levantar la voz y motivar casos judiciales para que República Dominicana reconozca los derechos de los inmigrantes haitianos y sus descendientes.
Su lucha no fue fácil ni agradable. En República Dominicana toda demanda a favor de los derechos humanos de los haitianos y sus descendientes es calificada de anti-patriótica, porque la maquinaria mediática difamatoria está siempre en posición de disparo contra quien cuestione el brutal sistema de explotación económica que se fundamenta en el tráfico ilegal de haitianos.
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