Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) administrado por la empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom).
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) ha violado obligaciones fundamentales del contrato de concesión que le otorgó el Estado, afectado de esa manera el funcionamiento de los seis aeropuertos a su cargo, por lo que “se impone de inmediato la realización de una auditoría general”, según la Asociación de Tiendas de Zonas Francas.
La entidad que agrupa a los comerciantes que operan en los propios aeropuertos concesionados, se unió así a los reclamos que realiza el senador Adriano Sánchez Roa, en el marco de una investigación que lleva a cabo el Senado, la cual ha provocado un tranque en el seno de la Comisión designada para realizar las indagatorias, ya que hay sectores que se niegan a profundizar en las mismas y prefieren que todo se quede como está
Corina Capriles, Miguel Ángel Simón y Juan Castellanos, presidenta, el vicepresidente respectivamente de la Asociación de Tiendas de Zonas Francas en los aeropuertos, manifestaron que son “víctimas de acoso permanente y de incontables atropellos” por parte de Aerodom, en medio de los cuales se han provocado incendios, como fue el caso del Puerto Plata.
Indicaron que entre las acciones llevadas a cabo para echarlos sin cumplir con los contratos, están la colocación de muros en frente de sus negocios para desviar los pasajeros hacia otros pasillos y el tintado de los cristales que exhiben las tiendas, además, con lo que buscan “asfixiarnos económicamente y que así nos demos por vencidos, y le cedamos nuestros locales a un bajo precio”.
El Senado lleva varios meses investigando la solicitud hecha de Sánchez Roa, que consiste en que Aerodom se extendió cinco años al contrato sin la aprobación del Congreso Nacional, que no se han realizado las inversiones acordadas, que está usando para su beneficio una tasa del Estado asignada irregularmente, por lo que los recursos percibidos deben retornar al fisco.
Se estima que las violaciones e irregularidades planteadas por el senador Sánchez Roa habrían perjudicado al Estado Dominicano por varios cientos de millones de dólares.
La opinión pública ha estado atenta a lo que ocurrirá en la Cámara Alta, ya que el caso a trascendido al más alto nivel de los partidos políticos, el empresariado y la embajada de los Estados Unidos; se espera que este martes el bloque del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se vuelva a reunir en busca de una decisión consensuada.
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